Contexto
En 1991, como parte del plan económico inaugurado por el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional encaró un amplio proceso de privatización de las principales industrias estatales, incluyendo los sectores de generación, transporte y distribución de energía. Dicho proceso, cuyo fin último radicaba en mejorar la calidad del servicio, comenzó en febrero de 1992 con la venta de varias centrales termoeléctricas de gran envergadura, previamente operadas por SEGBA, y continuó con la venta al sector privado de las empresas de transporte y distribución (incluidas aquellas que actualmente opera la Compañía) más otras centrales de generación de energía termoeléctrica e hidroeléctrica.

A fines de 2001 y principios de 2002, la Argentina experimentó la crisis política, económica y social más importante de los últimos 50 años que, por ende, también afectó al sector energético ocasionando que la inversión en generación, transporte y distribución de energía se estancara. Para hacer frente a esta situación, desde 2002 el Gobierno Nacional estableció diversas medidas en el mercado eléctrico mayorista, como por ejemplo, la fijación de topes a los precios que pagan las distribuidoras por las compras de energía eléctrica y el requisito de que los precios que cobran los generadores se calculen sobre la base del precio del gas natural (también regulado por el Gobierno Nacional), independientemente del combustible efectivamente utilizado en sus actividades de generación. En diciembre de 2004, el gobierno dictó nuevas normas destinadas a readaptar o reajustar el mercado.

En abril de 2006 el Congreso de la Nación sancionó una ley que autoriza al Poder Ejecutivo a establecer un fondo especial para la financiación de mejoras de infraestructura del sector energético argentino a través de la ampliación de la infraestructura de generación, distribución y transporte de gas natural, gas propano y electricidad. Asimismo, en septiembre de 2006, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, dictó la Resolución 1281/06 (Programa Energía Plus) en respuesta al aumento sostenido de la demanda tras la recuperación económica del país luego de la crisis. A través de esta medida, las industrias que vayan a consumir más energía que la que consumieron en 2005, deberán pagar un precio igual a los costos de generación más una utilidad para el generador que tendrá que ser aprobada por el mencionado Ministerio.
El objetivo de esta norma es que renueven los intereses privados en poner nuevo capital en el parque energético para generar nueva energía. Finalmente, en enero de 2007 el Poder Ejecutivo convalidó un aumento tarifario para los clientes industriales y comerciales de las dos principales distribuidoras de energía eléctrica del país, Edenor y Edesur, oficializando así las actas acuerdo firmadas por ambas compañías con el Estado Nacional en 2005.
Este incremento -del 28% en el Valor Agregado a la Distribución retroactivo a noviembre de 2005- no hizo más que acompañar los aumentos tarifarios a comercios e industrias que ya se venían otorgando en muchas distribuidoras del país desde la devaluación hasta la actualidad. Además, estos acuerdos alcanzados con Edenor y Edesur implican una continuidad de los pasos previstos en los procesos de renegociación contractuales encarados por el Estado, los cuales, en el caso del sector de distribución eléctrica a nivel federal, ya habían tenido el antecedente de la empresa Edelap en el año 2005.
Por su parte, las actas acuerdo se aplicarán transitoriamente hasta que se concluya la Revisión Tarifaria Integral (RTI) firmada con el Gobierno Nacional, prevista para el año 2008, y a través de la cual se prevén nuevos aumentos tarifarios que apuntan a lograr un retorno de capital razonable, tal como está planteado en el Contrato de Concesión y en la misma RTI.

El 31 de julio de 2008 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dictó la Resolución 324/2008 por medio de la cual se aprueban los valores del cuadro tarifario de la Sociedad que contempla la aplicación parcial de los ajustes por Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC) y su traslado a tarifa. El referido cuadro tarifario incrementa el valor agregado de distribución de la Sociedad en un 17,9% y ha sido aplicado a los consumos efectuados desde el 1° de Julio de 2008.

En marzo de 2015, la Secretaría de Energía (SE) dictó la Resolución 32/2015 que otorga a la Compañía un aumento provisorio de ingresos a través de fondos provenientes de CAMMESA, que fue aplicable en forma retroactiva a partir del 1° de febrero de 2015, para solventar costos e inversiones asociados a la prestación regular del servicio público de distribución de energía, a cuenta de la futura RTI. Tales ingresos adicionales surgieron de la diferencia entre el esquema tarifario “teórico” establecido en dicha resolución y los esquemas tarifarios vigentes en cada momento para cada categoría de usuario, según cálculos efectuados por el ENRE, que habían sido ser informados mensualmente a la SE y a CAMMESA. Al respecto, CAMMESA había transferido los fondos aportados por el Estado Nacional, de acuerdo con los valores informados por el ENRE.

A partir del 1° de febrero de 2015, los fondos del PUREE fueron considerados parte de los ingresos de la Compañía a cuenta de la futura RTI. La Compañía tenía derecho a compensar las deudas por el PUREE, con créditos originados en el cálculo del MMC hasta esa fecha, incluso la aplicación de intereses que podrían corresponder a ambos conceptos. Cualquier monto de fondos del PUREE por sobre los aplicados para compensar los créditos relacionados con el MMC según lo descripto en la oración anterior serían compensados contra deudas originadas en préstamos otorgados por CAMMESA en relación con los aumentos de sueldos obligatorios.

En enero de 2016, el Ministerio de Energía dictó la Resolución 7/2016, según la cual el ENRE implementó un ajuste del VAD al cronograma tarifario a cuenta de la futura RTI vigente al 1° de febrero de 2016, y se prevé que adopte todas las medidas necesarias para concluir el proceso de RTI para el 31 de diciembre de 2016.

Asimismo, dicha resolución: (i) anuló el PUREE; (ii) revocó la Resolución 32/2015 a partir de la fecha de vigencia de la resolución del ENRE que implementa el nuevo cronograma tarifario; (iii) discontinuó la aplicación de mecanismos que implican la transferencia de fondos de CAMMESA en la forma de contratos de préstamo con CAMMESA; y (iv) ordenó la implementación de medidas para finalizar los fideicomisos creados en base a la Resolución 347/2012 del ENRE.

Según la Resolución 7/2016, el ENRE dictó la Resolución 1/2016 que establece una nueva estructura tarifaria.

El 5 de septiembre de 2016, mediante la Resolución 55/2016, la Compañía presentó su propuesta de un esquema tarifario para los próximos cinco años. El 28 de octubre de 2016, se llevó a cabo una audiencia pública para brindar información y escuchar las opiniones de los usuarios respecto de la RTI.

El 1° de febrero de 2017, el ENRE dictó la Resolución 63/2017, a través de la cual aprobó un nuevo régimen tarifario que estableció su nuevo Valor Agregado de Distribución (VAD) para los siguientes cinco años.

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